SÍNTESIS DEL CASO GOLEADA – PRINCIPAL INVOLUCRADO EL ALCALDE DE GUAYAQUIL
La Fiscalía abrió el caso Goleada por la existencia de una supuesta red que habría usado estructuras societarias y contratos para lavar dinero y evadir impuestos, ligada a la comercialización de combustibles subsidiados y a hechos ya investigados en el caso “Triple A”.
Según la teoría fiscal, se trata de un “entramado societario complejo” destinado a aprovechar combustible subsidiado y a defraudar al fisco, con posible corrupción de funcionarios y elusión de controles estatales.
DETENCIÓN DE AQUILES ÁLVAREZ
La madrugada del 10 de febrero de 2026 se realizaron allanamientos en Guayas y se detuvo a 11 personas, entre ellas Aquiles Álvarez y sus hermanos Antonio (presidente de Barcelona SC) y Xavier (directivo del club).
Álvarez fue llevado inicialmente al Cuartel Modelo en Guayaquil y luego trasladado a Quito para la audiencia de formulación de cargos, en la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción.
FORMULACIÓN DE CARGOS Y MEDIDAS SOLICITADAS
La Fiscalía imputó a los 11 detenidos el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, ubicando a Álvarez y sus allegados en el centro de la supuesta red.
El fiscal del caso pidió prisión preventiva para 10 de los 11 procesados, incluido el alcalde y sus hermanos, y arresto domiciliario para una persona de la tercera edad, además del congelamiento de cuentas bancarias.
RELACIÓN CON EL CASO TRIPLE A
En paralelo, Aquiles Álvarez ya estaba siendo juzgado en el llamado caso Triple A, por presunta comercialización ilegal de combustibles en zona de frontera, donde se investiga una operación irregular de distribución y venta que habría causado perjuicio económico al Estado.
Abogados de la defensa han alegado que el caso Goleada se basa en la misma teoría fáctica y probatoria que el caso Triple A, es decir, que se estaría persiguiendo los mismos hechos bajo dos procesos distintos.
SITUACIÓN PROCESAL ACTUAL
Un juez declaró legal la detención de Álvarez y de los otros 10 investigados y dio paso a la formulación de cargos, con lo que el caso ingresó a instrucción fiscal.
La Fiscalía ha justificado el pedido de prisión preventiva señalando riesgos procesales asociados a la complejidad de la red investigada y a la supuesta capacidad de los procesados para interferir en el proceso y mover recursos.